“Ley Antiterrorista” – legislación racista que discrimina al pueblo mapuche en Chile

Un sector de las diferentes comunidades del pueblo mapuche aún resiste a la forma de vida propia del modelo neoliberal chileno. Su mayor protesta se enmarca hacia el extractivismo de los recursos naturales dentro de las lógicas del mercado. Como consecuencia, hace algunos años hasta hoy, está siendo duramente sancionado por el aparato judicial y policial, que lo ha situado dentro de la figura del “terrorismo”, una situación en la que convergen diversas irregularidades y violación a principios básicos de justicia y Derechos Humanos.

Por Catalina Belén Moya Catalán

“En ningún caso volvería a usar la Ley Antiterrorista” declaró en una entrevista en el año 2013 quien entonces era candidata presidencial de la República de Chile, Michelle Bachelet. Refiriéndose a los últimos hechos ocurridos en el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Argumentó también que en su gobierno anterior buscaba “realizar modificaciones a la ley que no prosperaron en el Parlamento”. Actualmente, mientras cumple el último año de su periodo presidencial son más de 15 los comuneros mapuche procesados por asociación ilícita y conductas terroristas.

El caso más divulgado en el último tiempo fue el “Caso Iglesias”, sus imputados llegaron a cumplir 117 días en Huelga de Hambre con el objetivo de que se retirara querella antiterrorista y fueran procesados en un juicio ordinario. Diferentes manifestaciones en Santiago y el Wallmapu; la presión de ciertas agrupaciones e instituciones, como Colegio Médico y la Iglesia; y posteriormente, la visita de los familiares de los presos a La Moneda lograron que el Gobierno retirara la querella, con esto los cuatro comuneros depusieron la huelga cuando ya se encontraban en un delicado estado de salud.

Organizaciones mapuche marchan en Temúco apoyando los presos políticos en el “Caso Iglesias” (Foto: Felipe Durán)

Este año comenzó el juicio “Luchsinger- McKay”, bajo la misma figura del terrorismo, que imputa a once comuneros mapuche por el incendio de un predio que en la que falleció un matrimonio de ancianos. Dentro de estos once comuneros presos, está una autoridad ancestral del pueblo Mapuche, la machi Francisca Linconao, quien lleva una trayectoria de conflicto con las forestales instaladas en territorio mapuche, puesto que ha sido perseverante en denunciar irregularidades y conductas ilegítimas, lo que ha llevado a muchas empresas a echar marcha atrás en sus proyectos.

La matriz actual de conflicto entre el estado nación chileno y el pueblo mapuche ha tenido diferentes etapas. Desde la imposición de una lengua, religión, organización y cultura extranjera hace cinco siglos, hasta la “chilenización” más recientemente. Esto ha ido conformando una estructura, que por una parte sanciona fuertemente el ataque a la propiedad privada, pero por otra parte legitima el uso de violencia desmedida desde el aparato policial hacia los mapuche amparado en la figura legal del “terrorismo”.

Historia de La Ley Antiterrorista

En 1984 la Junta Militar – que hace 10 años atrás había derrocado el gobierno de Salvador Allende por las armas – publicaba en el Diario Oficial de la República de Chile la promulgación de la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, más conocida como “Ley Antiterrorista”. Cuyo objetivo, en su momento, fue la contención y escarmiento de las organizaciones de izquierda que articulaban acciones para derrocar la dictadura.

Este contexto político -una dictadura-, le daba un carácter de excepción al gobierno de turno; y perfilaba a un claro enemigo interno del Estado, puesto que sus acciones estaban sostenidas en la negación de la actual administración. Estas acciones, según la figura del enemigo interno, deben tener como objeto generar terror en la población civil, ya que amenaza con alterar el orden de la nación. Asimismo, acciones puntuales como incendios, lesiones, secuestros, eran examinadas sujetas a una intención desestabilizadora del gobierno, por lo que debía ser sancionada con toda la severidad posible. La Ley Antiterrorista vendría a jugar ese rol. En una dictadura, cualquier tipo de manifestación arriesga represión violenta y desproporcionada. Sin embargo, la Ley Antiterrorista va más allá, pues fija sanciones que impiden a lo civiles someterse a un juicio justo en los actos que han cometido.

La ley 18.314 desde su génesis, nunca estuvo exenta de cuestionamientos. Para comprenderla se detallan los siguientes puntos para su aplicación punitiva:

  • Presunción de culpabilidad: La Ley Antiterrorista imputa a individuos declarándolos culpables hasta que ellos/as prueben lo contrario, todo lo opuesto a un juicio ordinario, que presume la inocencia y la persona imputada es la que a través de un abogado debe defenderla. Esto permite que se establezca la prisión preventiva mientras dure la investigación.
  • Excepción sobre la libertad provisional, es decir, si el/la acusado/a apela en la Corte de Apelaciones a la libertad provisional, debe tener unanimidad en la votación para otorgarla. Muy difícilmente se logra esta condición.
  • La Fiscalía puede presentar testigos sin rostro: es decir, anónimos, con esto se hace muy complejo para la defensa de los/las imputados/as poder rebatir las pruebas.
  • Aumento de la pena hasta tres veces que un delito común: con esto es muy posible que la persona arriesgue cadena perpetua.
  • Por último, uno de sus puntos más importantes, es el concepto “terrorismo”, el cual tiene una definición bastante ambigua y difusa, poco clara e imparcial. La Ley señala que los actos deben tener el objetivo de infundir “terror” en la población, y se vuelve una tarea muy ardua para el Ministerio Público poder defender esta intención.

En dictadura esta ley se utilizó en el atentado a Carol Urzúa, militar intendente de la Región Metropolitana en el Gobierno de Augusto Pinochet, siendo su punto más álgido en los años 90. Después estuvo dormida una vez que Chile entró a la transición a la democracia. Fue así como su primer “renacimiento” se utilizó en el año 2001 con el pueblo mapuche, en un gobierno de centro izquierda cuyo presidente era Ricardo Lagos Escobar.

“De Ley Antiterrorista a Ley Antimapuche”

La aparición disruptiva de las demandas del pueblo mapuche que generan, a su vez, un punto de inflexión en su relación con el Estado chileno, fue en el año 1997 en la localidad de Lumaco ubicada en la región de la Araucanía. En esta oportunidad un grupo de comuneros mapuche recuperó dos predios usurpados por colonos años atrás y quemó dos camiones pertenecientes a la Forestal Bosques Arauco, industria maderera instalada en tierras mapuche, que fue privatizada en 1979  durante el gobierno militar. Para el mismo pueblo mapuche esta acción trazó un camino distinto en la exigencia de sus demandas y la acción colectiva.

En las protestas hay una fuerte represión policial hacia los mapuche (Foto: Felipe Durán)

¿Porque se llegó a acciones tan radicales por demandas territoriales? Como argumenta un historiador chileno de origen mapuche, Fernando Pairican, “a muchos se les olvida que en las reducciones territoriales llevadas a cabo por los colonos se despojó al mapuche de las mejores tierras para el cultivo” además de la masacre y violencia con que fueron despojados, esto por el hecho de que el indio “no sabía trabajar la tierra”. La ganadería y la agricultura practicada por los pueblos originarios no encajaba en los estándares de producción del Huinca: palabra en su idioma, mapudungún, que se ocupa para referirse a un invasor o colonizador.

Pero, vayamos más allá para entender el conflicto desde su raíz. La colonización en el territorio que hoy se conoce como Chile empezó a fines del siglo XVI producto de migraciones europeas, en su mayoría españoles, que venían con la promesa de la riqueza del Nuevo Mundo. El avasallante ingreso por todas las zonas de acceso de América del Sur no estuvo libre de batallas violentas que duraron cientos de años y que perduran hasta hoy, con mayor sofisticación en la indumentaria armamentista. No obstante, el Wallmapu, territorio perteneciente a Chile y Argentina que comprende Ngulumapu al poniente de la cordillera de los Andes, y Puelmapu del lado oriental, fue un punto en particular de resistencia que persiste hasta hoy. El enfrentamiento del español con esta zona se llamó “Guerra de Arauco” que tuvo como resultado un trazo definitivo de territorio mapuche al norte del río Toltén y al sur del río Bio-Bio, ya que fue uno de los pueblos que no pudo ser vencido.

Wallmapu, territorio ancestral ocupado por pueblos originarios que hoy corresponde a Chile y Argentina, divididos por la cordillera de Los Andes.

Una vez que se constituyeron los estado-nación en América, en el siglo XIX, se forman gobiernos compuestos por la elite ilustrada y económica instalada en esta zona. Es en este momento en que empieza a constituirse la idea de lo “chileno” y a su vez, el proceso de “chilenización” de la población local.

Este proceso enmarca una fuerte institucionalización de los nuevos valores patrióticos que han ganado territorio en el cono sur. Esta campaña buscaba incluir y homologar a los pueblos originarios a esta nueva “razón civilizatoria”, moderna e ilustrada. Así, se crean escuelas, iglesias y el derecho, como herramientas para la conquista cultural. Este proceso negó cualquier posibilidad de discurso que no fuera el occidental, blanco, colonizador. Pues en numerosos casos prohibió la lengua y las costumbres bajo la amenaza del castigo.

Fue en el año 1861 en que se lleva a cabo la parte más cruda de este proceso, lo que en Argentina se llamó unos diez años después “Campaña del Desierto” en Chile tuvo el nombre de “Pacificación de la Araucanía”, comandada por el General Cornelio Saavedra, la población mapuche disminuyó considerablemente, así como la reducción del territorio que los sobrevivientes usarían para sus cultivos. Sin embargo, esto no abatió a un pueblo que jamás se concibió a si mismo como una raza vencida.

Resurgimiento de lo “mapuche”

En  la década de los 70 y de los 80 se da lo que el historiador Fernando Pairicán llama “conciencia indígena” que se transformará en los años 90 en una “emergencia indígena”. Dos hitos fundamentales ocurren en estos años: El reconocimiento en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en el año 1989, y la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2007. Ambos reconocimientos serán triunfos que afloran a partir de importantes movilizaciones sociales que disputan por una presencia en la administración de los estados modernos.

En Chile, durante los últimos 20 años, se ha ido gestando un orden incipientemente democrático, con muchas herencias de la dictadura difíciles de erradicar, pues abarca desde el modelo económico hasta la conciencia ideológica de la población. Es en este periodo en que la propiedad privada se articula como uno de los ejes centrales de las políticas gubernamentales. Así gana territorio el concepto de “seguridad” frente a todo aquello que la amenace. De esta manera, las acciones llevadas a cabo por el pueblo mapuche, con el objetivo de recuperar tierras – Lof en mapudungún – se cubren de un caracter delictual, violento y extremista, fuertemente amparado por el imaginario creado por los medios de comunicación social.

Los gobiernos democráticos  han tomado cada uno por su cuenta el mismo camino, mayor militarización en la zona, fuerte represión en las manifestaciones y mayores sanciones en los juicios. La introducción de la Ley Antiterrorista al conflicto, ha protagonizado numerosos montajes para desarticular un movimiento que amenaza con desestabilizar a la nación. No obstante, esta política está muy lejos de solucionar el problema de raíz, pues las demandas por autonomía o recuperación de territorio pasan a segundo plano cubiertas por el caracter policial del conflicto. Pese a que en Septiembre de 1993 Chile promulgó la Ley Indígena, que otorga un reconocimiento al pueblo mapuche como etnia anterior a la colonización, no ha podido atender de manera cuantitativa la demanda territorial de las comunidades. Así, el pueblo mapuche pertenece en nuestros días a unos de los sectores más vulnerables de la población chilena.

La mirada internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile en el año 2014 en el “Caso Loncos” en el que se le acusó de aplicar la Ley Antiterrorista de manera “selectiva” y discriminatoria, debido a que no fueron presentados elementos suficientes que pudiesen argumentar la efectividad de su aplicación.

Asimismo, durante el año 2015 Phillip Alston, relator de la  Organización de Naciones Unidas, tras su visita a Chile declaró que el conflicto con el pueblo mapuche es el talón de aquiles respecto a los temas de Derechos Humanos del siglo XXI.

Más información sobre el “Caso Iglesias” se encuentra en nuestro artículo: El “arma de los impotentes”: Colegio Médico visita a los presos del Caso Iglesias tras 3 meses de huelga de hambre

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